Por Cris Barragán

Hola a todos/as,

Al respecto del mensaje de Carlota, quiero expresar un acuerdo y algunos desacuerdos

Está claro que a largo plazo sería rentable, pero ¿qué político piensa más allá de los cuatro años en que todos les exigimos resultados?

Estoy de acuerdo en que este puede ser uno de los problemas. Pero mi punto de vista es que es inadmisible y por eso hay que tomar medidas. No hacerlo es aceptar que se malbaraten recursos públicos por las aspiraciones políticas de uno o mas individuos. Por eso existe un Tribunal de Cuentas, para controlar que el dinero público se invierta adecuadamente.

Y los usuarios ¿aceptarían en aras de una mejor estrategia global que el sistema comenzase a fallar (esto está asegurado) o a no dar todas las prestaciones a qué están acostumbrados?

¿Está asegurado? Esa afirmación es incorrecta. Que un programa falle no tiene relación con que sea libre o no. Un programa falla en función de los errores que tenga en el código, no de la licencia que tenga.

La diferencia es que si un programa libre tiene un error, no se está ligado a un solo proveedor para solucionarlo. Se puede contratar a otro en caso que el proveedor se desentienda (lo cual pasa un tiempo después de que deciden poner a la venta otra versión -las bibliotecas de Cataluña tienen sobrada experiencia en este aspecto, por desgracia-). Por ese motivo el ciclo de vida de un programa libre suele ser mayor que el de un programa propietario, por ejemplo.

Ahora bien: la pérdida de datos en la migración de un formato propietario a otro formato se da por sentado. Y los costes en enmendar el problema son mucho más caros que arreglar un programa, y SIEMPRE los paga el cliente, a diferencia de los errores en código (que son generalmente más baratos -y si no, es que el programa es una completa inutilidad- y suele tener que afrontarlos el proveedor).

Y aún así se siguen escogiendo sistemas que, una vez migrados los datos y solucionados los problemas de pérdida de información, mantendrán literalmente secuestrados nuestra información hasta que necesitemos migrarlos de nuevo porque el programa ha cumplido su ciclo de vida.

Una aclaración: que un sistema permita exportar información en un formato estándar, no soluciona el problema. Por diversos motivos, pero daré un ejemplo sencillo de entender; En un catálogo, por ejemplo, hay mucha información que no es exportable a formato estándar, porque no hay estándares para esa tipologia de información. Pueden ser los ejemplares, las transacciones de préstamo, … Si al menos están en un programa libre, se puede ver como están codificados para extraerlos adecuadamente y no perder información.

privadas) la opción del software libre es un lujo que no están dispuestos o no pueden pagar.

¿Es un lujo? ¿Por qué las administraciones de paises en vias de desarrollo lo están adoptando? Porque el lujo es pagar millones y millones en concepto de licencias. Por cierto: en España, solo la administración paga 5 millones de euros a Microsoft (esta información se puede extraer del informe de
fiscalización del proyecto Rhodas).

Parece una contradicción pero no es fácil encontrar aplicaciones específicas en software libre o desarrolladores con conocimientos suficientes para poner en marcha soluciones sobre software libre.

En el Libro blanco del software libre en España se listan más de 400 empresas que dan servicios relacionados con el software libre. En cuanto a las aplicaciones hay alternativas libres para la práctica totalidad. Solamente Casos muy específicos no tienen alternativa de momento, y no precisamente en el ámbito de la biblioteconomia y la documentación.

¿Qué diferencia hay entre depender de una empresa multinacional, que de una nacional? En un mundo y un sector tan globalizado quizás los parámetros deberían ser otros distintos del patriotismo a ultranza.

No es una cuestión de patriotismo, es una cuestión económica que cualquier economista o asesor fiscal puede explicar muchísimo mejor que yo. Para decirlo fácil y rápido: cada empresa tributa a su propio estado, y no a otro. Si pago a una empresa americana, los impuestos que pague la empresa iran al presupuesto del estado americano. Si pago a una empresa española, iran al presupuesto del estado español. El presupuesto de un estado condiciona directamente la vida de los ciudadanos de ese estado, de modo que no se trata de trivializar el tema, especialmente si hablamos de muchos ceros. Cuanto tributaria al estado una empresa española que cobrara 5 millones de euros en concepto de licencias? Tal vez sirviera para aumentar el presupuesto en sanidad, o en educación, o en prestación por desempleo…

Espero que mis reflexiones os resulten de utilidad.

Por Tomàs Baiget

Dentro del movimiento para el software libre hay que contemplar épocas, zonas geográficas, tipos de empresas y tipos de programas. No se pueden (o pudieron) aplicar los mismos métodos en todos los casos, y hay que poner nombres propios para saber de qué estamos hablando. Lo mismo que en el Acceso abierto, donde hay editoriales multinacionales monopolísticas que ganan mucho dinero (Elsevier, Springer), y editoriales pequeñas que sacan sus publicaciones a base de ilusión y mucho trabajo (Educación y biblioteca, El profesional de la información).

También es diversa la intervención de las administraciones públicas. En determinados momentos puede ser buena pero en otros puede ser innecesaria y llegar a constituir una especie de competencia desleal. Así se podría considerar, por ejemplo, la revista gratuita Correo bibliotecario, publicada por la SDG de Coordinación Bibliotecaria del Mº de Cultura, para las anteriormente citadas revistas, ya pre-existentes.

En software y en España, por ejemplo, después de un enorme esfuerzo de Gerardo Meiro con su empresa Micronet, desarrollando Knosys, vino la Unesco (en España a través del Cindoc) regalando a todo el mundo, a precio de copia más gastos de envío, el CDS/Isis.

Pero hay casos y casos. No es lo mismo realizar acciones que complican la viabilidad económica de una empresa como Micronet que meterse contra Microsoft u Oracle, ni es lo mismo hacerlo hace 15 años que hacerlo ahora. Creo que ahora, con la informática mucho más democratizada, sí es tiempo de que las administraciones dejen de pagar tantos royalties a multinacionales extranjeras por productos de los que hay excelentes equivalentes en España realizados por empresas muy capaces como Abana, Baratz, Sabini, STE…, al mismo tiempo que se promocionen los estándares y el software Open Source. Un completo conjunto de estándares oficiales posibilita que todas las empresas puedan participar, sin necesidad de que sea un monopolio el que imponga su estándar. También es distinto el caso de una empresa o institución con una instalación, que un consorcio o una red con centenares de copias del mismo programa.

Respecto a lo de que comprar extranjero es éxito seguro también hay excepciones: debido a que desde las administraciones públicas catalanas se fomentaba VTLS (Virginia Tech Library System, EUA), en el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) hemos sufrido una costosísima pesadilla con el sistema de automatización de la biblioteca. Se compró VTLS / Virtua hace 3 años por 12 millones de pesetas (72.120 euros). Ha sido desastroso, con partes que a día de hoy todavía no funcionan, y otras que en una versión funcionan ¡y en la siguiente han desaparecido! Mientras tanto tenemos un informático dedicado al programa y 2 bibliotecarias hartas de hacer pruebas y más pruebas sin ver resultados de su forzada colaboración con la multinacional. Dejando aparte sus sueldos, lo fuerte está en la cuota de mantenimiento del programa: pagamos 15.674 euros en 2004 y 16.113 euros en 2005 (!!!). Además, por si esto fuera poco, en el contrato figura otro pago obligatorio (supongo que es la propina por el excelente servicio en concepto de 2 visitas de formación: 3.700 euros anuales (308.000 pesetas por 1 día de visita protocolaria!!!). Tan increíble como cierto.

Por Carlota Bustelo

Hola a todos:

Estando filosóficamente de acuerdo en todo lo que se ha planteado sobre el software libre y habiéndome parecido muy bueno el símil que plantea Eduard; me gustaría introducir algunas reflexiones a tener en cuenta en este debate.

• Al mismo tiempo que se potencia el software libre, los políticos y técnicos tienen que dar respuesta a las exigencias de funcionamiento de determinadas aplicaciones, de una manera inmediata y con los menos recursos posibles. Sin tener ni idea de cómo ha sido el proceso de compra de software bibliotecario del Consorcio bibliotecario de Cataluña, si sé porqué lo he tenido que analizar recientemente que el proceso de construcción de un sistema de gestión bibliotecario de altas prestaciones con software libre supone un montón de tiempo de desarrollo y aunque parezca mentira muchos más costes iniciales que la compra de un software comercial. Esta claro que a largo plazo sería rentable, pero ¿qué político piensa más allá de los cuatro años en que todos les exigimos resultados? Y los usuarios ¿aceptarían en aras de una mejor estrategia global que el sistema comenzase a fallar (esto está asegurado) o a no dar todas las prestaciones a qué están acostumbrados?
• Mi empresa no vende productos, ni es una desarrolladora de aplicaciones; pero en nuestra labor de consultoría nos encontramos muchas veces aconsejando a nuestros clientes sobre cual es la mejor estrategia a seguir y estudiando los pros y contras de las mismas. Tengo que decir que en muchos casos (administración o empresas privadas) la opción del software libre es un lujo que no están dispuestos o no pueden pagar. Parece una contradicción pero no es fácil encontrar aplicaciones específicas en software libre o desarrolladores con conocimientos suficientes para poner en marcha soluciones sobre software libre. Al final hay alguien que gana mucho dinero, aunque quizás si es cierto que aquí entra otro punto que Ricardo ponía sobre la mesa: se beneficia a las empresas nacionales sobre las multinacionales. Pero a veces me pregunto ¿Qué diferencia hay entre depender de una empresa multinacional, que de una nacional? En un mundo y un sector tan globalizado quizás los parámetros deberían ser otros distintos del patriotismo a ultranza.
• Pienso que más que una guerra de independencia (me declaro pacifista siempre) creo que habrá que llegar a soluciones de compromiso, acuerdos, negociaciones, etc. que permitan que el sector de las tecnologías de información siga creciendo y que los gobiernos y administraciones no sean prisioneros de determinadas empresas (multinacionales o no). La posición de los gobiernos frente a los estándares, tal como apunta Ricardo, creo que una base muy sólida para empezar a hablar.

Por Cris Barragán

Hola a todos,

Que la administración requiera el empleo de formatos propietarios para que un ciudadano lleve a cabo un trámite -empleando formularios en formato word, por ejemplo-, ciertamente atenta contra el principio de neutralidad tecnológica y por tanto debiera ser ilegal (como bien dice Ricardo).

Pero no solamente debe emplear formatos estándares en la interacción con el resto de la sociedad, sino para TODA la información digital que gestiona. Esto es porque la administración tiene la obligación de garantizar:

1. el libre acceso del ciudadano a la información pública,
2. la preservación de la información pública, y
3. la seguridad de los datos del Estado y los ciudadanos.

Nada de ello es posible si la decodificación de los datos está ligada a un único proveedor. Y para garantizar la seguridad, no solamente los formatos deben ser abiertos, sino que el código de los programas que gestionan la información deben ser auditable, y por tanto, libre o abierto.

Por cierto, el Tribunal de Cuentas ha emitido este año un extenso informe en el que pone en evidencia las incongruencias en los motivos aducidos para retirar el proyecto Rhodas, que aspiraba a poner en marcha miles de puestos de trabajo con GNU/Linux en toda España. Uno de los motivos que se alegó para cancelar el proyecto RHODAS fue la inexistencia de un formato de intercambio de documentos que permita la interoperabilidad, a lo que el Tribunal de cuentas alegó:

[…] Se deduce que el problema no reside en la inexistenica de formatos de documentos que permitan el intercambio ni en las prestaciones de las herramientas ofimáticas libres (que actualmente son capaces, incluso, de trabajar eficientemente con la práctica totalidad de los formatos propietarios), sino en los impedimentos expresamente incorporados a los programas licenciados para preservar la incompatibiliad de éstos con el resto de posibles alternativas (estrategia muy conocida de la ciencia económica como base fundamental de la existencia de los monopolios); situación que puede resultar muy comprensible desde un punto de vista estrictamente comercial y particular de la empresa privada, pero que deviene totalmente rechazable para una política racional de compras y gestión del software por la Administración pública, obligada al cumplimiento de los principios de economia y eficiencia […].

El argumento no es baladí, precisamente porque el principio básico de competencia para la aprobación y compromiso del gasto está legislado en el artículo 74 de la Ley 47/2003, del 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Es un precedente muy importante que ha puesto en el punto de mira a políticos y funcionarios, por lo que tanto administraciones como asociaciones de ciudadanos partidarios del software libre han tomado buena nota.

Por Eduard Elias i Vila

Hola a todos/as,

Estoy totalmente de acuerdo con la postura expresada por Ricardo Baeza-Yates. Si me lo permitís, voy a hacer un símil entre el proceso de migración a entornos libres y el proceso de descolonización que se dio en el mundo el siglo pasado.

Recuerdo que cuando algunos países ex-colonizados consiguieron deshacerse de los mono-cultivos que los colonizadores les habían impuesto, se preguntaban cómo se habían dejado imponer aquella economía aberrante que les hacía depender de un único producto. De la misma manera, cuando el software libre y los estándares abiertos sean la norma en todos los entornos, nos preguntaremos cómo nos dejamos imponer unos estándares “de facto” que obligan a todo un país a pagar royalties a una multinacional extranjera o convertirse en piratas ilegales.

Sin ningún ánimo de dramatizar, el problema es que, igual como la descolonización requirió, en muchos casos, una guerra de independencia, las multinacionales que han conseguido esos monopolios también se resisten a perder sus imperios coloniales. Ved, por ejemplo, lo que ha pasado con el consorcio bibliotecario de Cataluña, donde esa resistencia ha vencido, de momento, pese a tres recursos. Para lograrlo se ha recurrido al mobbing y a bajezas intolerables en un estado democrático.

Conclusión: esta guerra de independencia será dura, pero no se puede ir contra la lógica de la historia. En el ámbito territorial, sólo Rusia mantiene sus colonias y así le va. En el ámbito informático todavía estamos en el proceso de descolonización. El problema es que nuestros políticos, salvo honrosas excepciones, todavía no se han dado cuenta de ellos y no lideran ese proceso como deberían, tal como reclama Ricardo.

Lo que plantea Ricardo sobre lo irracional de que tu propio estado te obligue a pagar esos royalties a una multinacional extranjera y la exigencia que deberíamos tener todos los ciudadanos para reclamar el derecho a elegir las herramientas que queramos, es tan evidente que debería ser superfluo decirlo. Sin embargo…

Haciendo otro símil, les podríamos recordar a los colonos hebreos que se resisten a abanadonar los asentamientos en zona ocupada, que sus antepasados recriminaron a Moisés por haberles hecho abandonar Egipto para ir a esa tierra que ahora no quieren dejar. No todo el mundo se echa a luchar por una tierra prometida antes de haberla disfrutado. Y menos un político! (salvo excepciones).

Saludos.

Por Tomàs Baiget

Hola listeros:

Los estándares (o normas o protocolos) son necesarios como paso previo para garantizar no sólo la libertad del mercado informático sino también el software libre, pero por desgracia ocurre que el proceso para aprobarlos resulta excesivamente lento, por lo que el mercado se adelanta creando estándares de facto que pueden tener copyright, o sea, ser propietarios. Las grandes empresas ven claro que han de ponerse de acuerdo si no quieren
fracasar en sus negocios a escala global (recuérdese la guerra de la televisión PAL, SECAM, NTSC; la del video doméstico 2000, Beta y VHS; la de los primeros cd-roms…). El principio de los PCs fue muy complicado por la multiplicidad de sistemas operativos incompatibles entre sí, hasta que a Bill Gates le tocó la carambola de ganar la partida, convirtiendo su sistema en un estándar-monopolio.

Los organismos nacionales e internacionales de normalización (sometidos siempre a las presiones de empresas y países que intentan que los estándares
se asemejen a los sistemas que ellos ya tienen) cumplían bien su misión cuando se crearon, pero con la aceleración tecnológica de las últimas décadas se han visto desbordados y casi llegaron a ser inoperantes. También parece haber diferencias interesadas entre organismos, como por ejemplo entre la internacional ISO y la estadounidense NISO.

A veces los estándares están promovidos por instituciones líderes en determinada área tecnológica. Así en los 80s la Comisión Europea, que apoyó
mucho el desarrollo de servicios de recuperación de información online, patrocinó el CCL (common command language) pero a pesar de que algunos
proveedores europeos de acceso online a bases de datos lo adoptaron, fracasó por la oposición de franceses y alemanes (como curiosidad, más tarde CCL fue parte de la norma Z39.50).

En cualquier caso, aunque su desarrollo sea a veces difícil y conflictivo, hay que apoyar que haya normas internacionales, negociadas y acordadas, en
concreto para el software, los formatos y las interfaces; y que luego esas normas se apliquen en todos los países. De esta forma se dan las condiciones
para que cualquier empresa, grande o pequeña, pueda entrar en el mercado con aplicaciones compatibles y exportables.